La mayoría de nosotros hemos cruzado o paseado en alguna plaza del país y es notorio observar siempre que la gente que predomina en las bancas son gente de la tercera edad.
Alguna vez me dije a mi mismo, que el día que estuviera viejo estaría de igual manera descansando viendo cómo pasan los jóvenes y viendo parejas para recordar mis mejores años.
Al menos esa era mi creencia del motivo por el cual muchos ancianos predominan en cualquier plaza del país, sin embargo, contrario a lo que creía no fue hasta entonces que el reportero Juan Bosco Tovar Grimaldo a quien tanto respeto como profesionista, hiso un reportaje para la agencia de noticias SIP, quien explicó que aquellos ancianos que se reúnen en la alameda, frente a Palacio de Gobierno, en la sede legislativa y en las oficinas de la Secretaría de Gobernación no tiene otro objetivo más que el de buscar un beneficio o dádiva apostando a su edad.
Sin embargo y pese a la indiferencia del resto de la sociedad se trata de hacer unidos un reclamo al Gobierno federal que ha detenido el dinero al que legítimamente tienen derecho, que les corresponde y que de manera alevosa les han arrebatado desde 1964.
Esta lucha por recuperar el Fondo de Ahorro, el que les fue descontado cuando se incluyeron en un programa binacional de Trabajo Agrícola de Emergencia, cuando los campos de cultivo estadounidenses fueron abandonados al inicio de la Segunda Guerra Mundial y que motivó abrir la frontera a más de cinco millones de jornaleros mexicanos que atendieron esas necesidades laborales de 1942 a 1964.
Las falsas promesas de recuperar los descuentos que se hacían del diez por ciento a sus percepciones se alargan por el desdén del Ejecutivo nacional y porque pareciera que en cuestiones de política es más urgente atender las necesidades más apremiantes de quienes forman parte del voraz sistema político, que de un anhelo al que tienen derecho quienes entregaron sus mejores años a las labores del campo en el vecino país del norte.
Muchos de ellos ya deben el dinero que aún no reciben de aquel famoso Fondo de Ahorro que se creó en 1942 cuando México y Estados Unidos pactaron el Programa Bracero que diplomáticamente se conocía como Programa de Trabajo Agrícola de Emergencia y que de ese año a 1964 incluyó a más de cinco millones de mexicanos.
Ahora, presa de la voracidad de falsos líderes que han vendido la idea de una gestión para agilizar el retorno de ese capital que les ha retenido, sin explicación alguna, el Gobierno desde ese entonces.
Y peor aún, a la mayoría les asalta una angustia adicional, porque muchos de esos falsos redentores de la gestión han desaparecido y con ellos las micas, contratos y otros documentos que avalan ante la Secretaría de Gobernación que fueron jornaleros agrícolas o bien, familiares directos.
Ahora, envejecidos y enfermos siguen siendo presa de líderes idealistas y ex políticos que les cobran cuotas para “gestionar” y agilizar los trámites y a pesar de que algunos han podido recuperar parte de ese recurso, a muchos aún se les adeuda y pareciera indicar que el Gobierno le apuesta al paso del tiempo para mermar ese reclamo a la muerte de los beneficiarios directos.
En abril de 2005, la Cámara de Senadores aprobó la creación de un fideicomiso para atender la demanda de los braceros; sin embargo, nada tuvieron que ver en esa decisión las resistencias de grupos en el norte que se denominaron Alianza Braceroproa, que sólo enriquecieron a los líderes.
Sin embargo, al facultarse a la Secretaría de Gobernación la creación de una lista por regiones, por estados y por zonas para distribuir el dinero correspondiente; de pronto este logro se detuvo y fueron contadas las personas que resultaron beneficiadas porque el Gobierno Federal no contaba con que el reclamo iba más allá de sus expectativas y canceló el programa que incluía un monto de 9,500 millones de pesos para entregar 38 mil pesos a 250 mil mexicanos inscritos en ese padrón.
Sin embargo, las cifras reales de ese programa refieren que de 1952 a 1964 ingresaron a Estados Unidos más de cinco millones de mexicanos para llevar a cabo las cosechas en varios estados agrícolas de la Unión Americana, con mayor presencia en Ohio, Texas, Florida, Tennessi y Nuevo México.
De acuerdo a las cifras migratorias, al pactarse el convenio binacional ingresaron a trabajar cuatro mil 203 personas en 1942; sin embargo, al segundo año, la euforia por contar con una fuente de trabajo fuera de su país llevó a 52 mil 98 mexicanos a enlistarse en ese programa.
La tendencia se mantuvo en esos altibajos y la cifra fue creciendo hasta 1956 cuando se trasladaron a los campos de cultivo a 445 mil 197 mexicanos; esta vez se incluía a más estados del sur de México que los del norte y esa cifra se mantuvo con ligeros movimientos hasta 1960.
Oficialmente el programa concluyó el 30 de mayo de 1963 ya con 186 mil 865 mexicanos en su última remesa de México a Estados Unidos; sin embargo, un último convenio diplomático permitió se extendiera hasta concluir el año y de ahí a 1967, en que ingresó el último grupo de jornaleros ya la cifra había disminuido a siete mil 700, la mayoría ya en condiciones laborales clandestinas.
En cada uno de los braceros se advierte la misma inquietud, sus rostros no reflejan más la sonrisa de ayer, ahora, la angustia y las dudas se ciñen en sus arrugas y sus falsas dentaduras.
Ayer dejaron sus mejores años en los campos agrícolas de la Unión Americana; hoy, reclaman una legítima pensión económica que se ha perdido en la burocracia y sus muecas de disgusto dan testimonio de ese coraje al sistema político que les ha arrebatado el fruto de su trabajo. Ese del que ahora anhelan para seguir subsistiendo.